La fiscalía también pidió que sean condenados dos secretarios judiciales de Soto Dávila: Pablo Molina a 12 años de prisión y Federico Grau a nueve años y seis meses. Lo mismo para tres abogados: Duylio Horacio Barboza Galeano a ocho años de prisión de prisión, Gregorio Humberto Giménez a siete años y Alfredo Viglione a cinco años. Por último, dos años y cinco meses de prisión para Juan Manuel Faraone, ex intendente de la ciudad de Empedrado.
La prueba clave de la causa fueron escuchas telefónicas ordenadas por el propio Soto Dávila en los expedientes por narcotráfico. Allí se determinó cómo los narcos acordaban las coimas y hablaban de la protección que tenían del juez.
En una de esas escuchas de 2015 Terán le cuenta a una mujer que el juez había ordenado la detención de su hija. La mujer le responde: “Si..si seguramente lo van a tener uno o dos días y lo van a largar…y fíjate vos que Soto Dávila es el que hizo el procedimiento, pero porque le habrán presionado nomás, pero si ese es amigo de los muchachos, …..es que le habrán apurado de todos lados nomás”.
En otra escucha, Germán “Chavito” Barrios, condenado como parte de la banda de Marín, habla de su causa: “Si el abogado salta, si me cambian al otro juez, el otro juez no me va a dar pasar, me va a detener, pero si es Soto Dávila no pasa nada dice, a Soto Dávila le tira unos pesos y se arregla”.
Los fiscales señalaron que las fechas de las conversaciones coinciden con las fechas en las que Soto Dávila dictaba resoluciones a favor de los narcos. Al juez lo acusaron de ocho casos de coimas. Calcularon que se pagaron 25 millones de pesos de sobornos para 2015. “Soto davila tenía la llave para rechazar los acuerdos espurios”, dijo el fiscal Schaefer.
El juicio continúa con los alegatos de las defensas de los siete acusados.